Los que conocen mis actividades más allá de este artículo mensual, saben que el problema de acceso a la vivienda es una de las cuestiones a las que más energía dedico. Es sin duda uno de los problemas más graves e inmediatos a los que nos enfrentamos como sociedad.
La vivienda, tanto en compra como en alquiler, se ha encarecido mucho como resultado de distintos fenómenos separados pero que afectan a un mismo mercado. Por una parte, cada vez somos más los que vivimos en esta isla ─de este tema podemos hablar con más calma otro día─, y, desde el primero hasta el último, todos necesitamos un lugar en el que vivir. Por tanto, la demanda no deja de crecer, lo que impone una presión alcista en los precios. Además, otras muchas personas que no viven habitualmente en Menorca han decidido que quieren también una vivienda aquí, por lo que se compran casas y pisos que no se destinarán a ser vivienda habitual, sino segundas residencias. Cuando esos compradores, además, vienen de regiones o países con un poder adquisitivo más alto, están en condiciones de pagar precios mayores, fuera del alcance de los sueldos menorquines. Eso implica más demanda y, con ello, mayor presión sobre el precio. Otros, además, han descubierto que la vivienda puede ser un muy buen negocio, y compran viviendas para alquilarlas, pero no siempre como vivienda habitual, sino como alquiler de temporada, como alquiler turístico o alquilando por habitaciones, con lo que consiguen rentabilidades mucho más altas. Como se trata de un negocio, el precio máximo a pagar lo determina el dinero que es capaz de generar esa vivienda, que, de nuevo, es en general muchísimo más de lo que puede pagar alguien con una nómina normal. De nuevo, más presión sobre el mercado.
En cuanto a la oferta, está claro que no es capaz de dar respuesta a esta demanda creciente. Se construye, sí, pero si nos fijamos en lo que se construye, además de ser insuficiente, se destina a los compradores con mayor capacidad de pago: viviendas de lujo, chalets, pisos de alto standing… de nuevo, nada que pueda plantearse una familia trabajadora.
Hasta aquí, nada nuevo. Creo que el sencillo diagnóstico que he hecho puede ser compartido por cualquier persona, independientemente de su ideología: faltan viviendas y, sobre todo, faltan viviendas asequibles, tanto para comprar como para alquilar, por parte de las familias residentes.
Las diferencias ideológicas se hacen más patentes cuando se trata de, ante este escenario, plantear soluciones para mejorar la situación. Desde un planteamiento puramente liberal, se entiende que el mercado por sí mismo, de acuerdo con las fuerzas que lo rigen, alcanzará la mejor solución y asignará de forma eficiente los recursos. De acuerdo con este mismo planteamiento, cuantas más viviendas se construyan, más bajará su precio. Tiene una cierta lógica, ¿verdad?
El problema es que, si volvemos la vista atrás, no hace falta irse muy lejos para encontrar un contraejemplo clarísimo: lo que sucedió durante el boom inmobiliario de la primera década de este siglo. Entre 2000 y 2008 sabemos exactamente lo que pasó: nunca se ha construido tanto ni tan rápido. Se llegaron a edificar más de 600.000 viviendas al año en toda España, mientras que hoy no se construyen ni 100.000 anuales. ¿Y qué pasó con los precios? Pues que nunca subieron tanto ni tan rápido: entre 2000 y 2008 los precios se duplicaron. No funcionaron las predicciones del modelo liberal: incremento máximo de la oferta con incremento máximo de precios, al contrario de lo que nos dice la teoría clásica de oferta y demanda. ¿Por qué? Pues porque, aunque la teoría sea válida, ésta solo funciona si el mercado lo hace. Cuando hay un fallo de mercado, como es el caso del mercado de vivienda, construir más no asegura una bajada de precios, sino todo lo contrario.
Según el razonamiento anterior, construir más vivienda no hará, por arte de magia, que bajen los precios. De hecho, lo más probable es que produzca el efecto contrario y aumenten. ¿Por qué? Porque permitirá comprar a esos otros grupos que hemos indicado, con un mayor poder adquisitivo y otras formas de fijar los precios. Sin embargo, también es cierto que si no se dispone de más vivienda, en tanto la dinámica demográfica se mantenga, los precios tampoco dejarán de aumentar.
Estamos ante una compleja paradoja: si se construye más, todo apunta a que subirán los precios; si, por el contrario, no se construye, también subirán los precios. ¿Qué hacer entonces?
Quizás el problema es, precisamente, que el mercado es eficiente. El mercado funciona, siempre en términos económicos, haciendo una asignación óptima de los recursos. En este mercado libre que es hoy el de la vivienda, la asignación es impecable desde un punto de vista teórico: quien puede permitirse un chaletazo, lo tiene. Y quien no puede permitirse comprar o alquilar una vivienda, por humilde que sea ésta, tiene otras muchas opciones que el mercado pone a su disposición: compartir piso, alquilar una habitación, para él o para su familia entera, una caravana, un garaje, un trastero, una furgoneta, un coche, alquilar por horas una cama, un sofá o un balcón, una tienda de campaña o hacerse con unos palés y unos plásticos una chabola si no encuentra una cueva libre. Todas estas son soluciones al problema de vivienda que proporciona este mercado tan eficiente y liberal.
Sin embargo, aun siendo economista, me permitirán que les diga que estas soluciones eficientes en términos económicos no lo son en absoluto en términos humanos y de justicia. Una persona que trabaja, que gana con su esfuerzo un sueldo, debería tener alternativas reales para vivir con dignidad. Un joven que, con esfuerzo, empieza a ganarse la vida, también debería tener la posibilidad de independizarse y poner en marcha su proyecto vital sin que el mercado le arrebate sus esperanzas e ilusiones, o sin verse forzado a abandonar la isla en la que se crió para tener un futuro. Un funcionario destinado a Menorca no debería verse forzado a renunciar por el desajuste entre sueldos y coste de vida. Ésta es la única eficiencia que merece perseguirse: que todos puedan vivir con dignidad, de acuerdo con sus medios.
¿Cuál es la receta para conseguir esto? Seguramente no hay una única fórmula para revertir el problema y, desde luego, no hay soluciones mágicas para corregir la situación a corto plazo. Pero lo que sí resulta claro es que la solución no pasa por fiarlo todo al libre mercado, porque la situación no hará sino empeorar.
Necesitamos más vivienda ─no necesariamente más viviendas nuevas, aunque seguramente también habrá que construirlas─, pero necesitamos además una regulación clara que se dirija a que las viviendas sean asequibles, se destinen a las familias y, en definitiva, se corrijan los excesos del libre mercado para defender la función social de la vivienda, que no es otra que la de servir de hogar a las familias.
No hacerlo puede suponer el mayor de los errores como sociedad. En primer lugar, un coste social inasumible, expulsando a nuestros jóvenes y convirtiendo Menorca en un simple escenario vacío de vida, en manos de unos pocos. Por otro, también un coste económico, porque, si no se puede vivir aquí, ¿quién trabajará en nuestras empresas? ¿Quién trabajará el campo? ¿Quién cubrirá nuestros servicios más básicos de salud, educación, seguridad o justicia?
El drama ya está aquí, pero quiero pensar que todavía tenemos un mínimo margen para evitar la catástrofe diaria que viven las islas vecinas. Merece la pena actuar y decir de forma clara que es imprescindible fijar reglas e intervenir el mercado si aspiramos a tener un futuro. Por Menorca, y por los menorquines de hoy y de mañana.